LA HABANA
AP
Martha Beatriz Roque conversa con Vladimiro Roca y Guillermo Fariñas tras el encuentro con la prensa internacional en La Habana el 26 de agosto del 2008.
Disidentes cubanos acusaron ante la fiscalía a varios periodistas de los medios oficiales, a dos militares y a una funcionaria de la cancillería por difundir llamadas privadas y correos electrónicos interceptados por el gobierno, informó el martes el grupo de denunciantes.
La acción es la respuesta de Martha Beatriz Roque, Vladimiro Roca y Jorge Luis García (alias ‘‘Antunez'') a una denuncia televisiva realizada el pasado mayo por las autoridades, asegurando que estos opositores recibieron dinero de un anticastrista violento de la Florida a través del entonces jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en esta capital, Michael Parmly.
El activista que enviaba el dinero era Santiago Alvarez a través de la Fundación Rescate Jurídico, con sede en Miami. Alvarez, de 66 años, cumple prisión tras declararse culpable en un caso de posesión ilegal de armas.
Una copia de la querella interpuesta por los disidentes fue entregada el martes a periodistas extranjeros durante una conferencia de prensa en la cual los activistas rechazaron decir si era o no cierta la inculpación del gobierno, que por su actividad política suele calificarlos también de ‘‘mercenarios'' al servicio de una potencia extranjera.
En cambio, los opositores se concentraron en señalar que durante las transmisiones de Mesas Redondas, un espacio televisivo diario que el gobierno suele usar para fijar su posición, el 19, 20 y 21 de mayo, se mostraron a manera de "prueba'' de las incriminaciones oficiales mensajes de correo privados y difundieron llamadas telefónicas. El canciller Felipe Pérez Roque también avaló entonces las acusaciones contra los disidentes.
"Estos delitos (violar la correspondencia y llamadas y difundirlos) son perseguibles por parte de las autoridades'', explicó Roca.
El nuevo documento de los activistas denuncia a los periodistas Randy Alonso y Reinaldo Taladrid; a la funcionaria de la cancillería Josefina Vidal; al director del periódico Granma y diputado Lázaro Barredo, al ex militar Manuel Hevia, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, y al coronel Adalberto Rabeiro, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior. La acusación los culpa por haber transgredido los artículos de la Constitución y el Código Penal que sancionan estas actividades.
Roque afirmó que el gobierno divulgó "correos manipulados'' y conversaciones telefónicas ‘‘sacadas de contexto''.
Sobre si los opositores recibieron cientos de dólares de Alvarez, que es también benefactor del militante anticastrista Luis Posada Carriles, Roque rehusó responder el martes. El gobierno fijó en $1,500 mensuales lo que presuntamente Alvarez entregaba a Roque.
Dijo que "la verdad'' solo la darán a conocer en una Mesa Redonda, el mismo programa donde el gobierno los acusó.
"Fuera del mismo ámbito en que el gobierno nos ha acusado, nosotros no vamos a responder, porque sencillamente estaríamos respondiendo a una parte del pueblo cubano y no es justo'', manifestó la opositora, quien fue la única mujer condenada en la Causa de los 75, en el 2003.
Las "pruebas contundentes'' mostradas públicamente por el gobierno cubano el pasado mayo se sustentan en imágenes filmadas a Roque en el cibercafé del Hotel Comodoro, en La Habana, así como en mensajes electrónicos interceptados por investigadores del Ministerio del Interior a través de la apropiación del código de acceso a la correspondencia de la dirigente opositora.
Por su parte, el líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDHRN), Elizardo Sánchez, dijo a los periodistas que "alguien está mintiendo o alguien está manipulando'', y que "la única manera de elucidar esto es ante la opinión publica nacional o ante un proceso judicial''
Los disidentes admitieron que el gobierno tiene potestad para intervenir llamadas o controlar la correspondencia de los ciudadanos, pero considedraron un delito hacer público su contenido.
El gobierno cubano justifica la intervención de la correspondencia electrónica privada en el Decreto-Ley 1999 para la seguridad informática y la protección de la información oficial, suscrito en 1999 por el entonces gobernante Fidel Castro.
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