El Nuevo Herald
Pedro Portal / El Nuevo Herald
Los trabajadores cubanos Alberto Rodriguez, Fernando Alonso and Luis Casanova luego que la corte federal del distrito de Miami ordeno de pago de una indeminación de $80 millones a un astillero de reparacione en Curazao que incurrio en abusos a los derechos laborales en contra de estos tres empleados de origen cubano, con la anuencia del regimen castrista. Un tribunal federal de Miami ordenó el lunes el pago de una indemnización de $80 millones a favor de tres cubanos que fueron empleados por un astillero de reparaciones en Curazao y sometidos a trabajar en condiciones inhumanas con la anuencia del régimen castrista.
La decisión del juez James Lawrence King determinó que la empresa Curacao Drydock Company no cumplió con estándares de trabajo mínimos para garantizar la integridad de los obreros Alberto Justo Rodríguez Licea, Fernando Alonso Hernández y Luis Alberto Casanova Toledo.
El grupo fue contratado por gestiones del gobierno de La Habana con la administración holandesa de la isla caribeña a fin de saldar una deuda cubana. La empresa de reparaciones de barcos es una de las más importantes a escala mundial y entre sus clientes figuran líneas de cruceros internacionales y empresas especializadas en la extracción de petróleo.
"Nosotros esperamos que el veredicto histórico de este lunes signifique que los trabajadores cubanos no sufran nunca más la humillación y el trato inhumano que tuvimos que pasar'', dijo Rodríguez Licea.
"Estamos sumamente satisfechos por la generosidad de las personas que debieron trabajar fuertemente para ayudarnos y traer a nuestro opresor ante la justicia'', agregó.
Los tres obreros viven ahora en la zona de Tampa tras haber escapado de Curazao a mediados de la década del 2000 y lograr refugio temporal en Colombia, donde pudieron tramitar un permiso humanitario para ser admitidos en Estados Unidos.
Los demandantes alegaron que los administradores de la compañía no sólo les confiscaron sus pasaportes argumentando cuestiones de seguridad, sino que también los obligaron a trabajar jornadas hasta de 112 horas semanales --en contra de su voluntad-- para reparar barcos y plataformas marinas a cambio de un salario ínfimo de $3.50 por hora.
De acuerdo con las alegaciones, la compañía tampoco tenía un calendario regular que estableciera días de descanso fijos para sus empleados. Generalmente, éste se consumaba cuando los diques de reparación estaban vacíos.
Las condiciones extremas y el mal trato resultaron en la violación de los derechos humanos de los obreros temporales cubanos, según la defensa.
Alonso, quien perdió un dedo y estuvo trabajando en la compañía durante una década, recibió una compensación de $30 millones por daños y perjuicios. Sus otros dos compañeros fueron indemnizados con $25 millones cada uno.
En el juicio, Curacao Drydock Company no pudo cumplir con algunos plazos establecidos por la corte y simplemente abandonó el caso después, que no logró que el proceso fuese desestimado por fundamentos jurisdiccionales.
El pasado agosto, el juez King se pronunció categóricamente a favor de los cubanos por omisión, dejando pendiente hasta el lunes el asunto de los daños provocados por esclavitud laboral. Se trata del mismo juez que en 1997 otorgó $137.7 millones a las familias de los pilotos de Hermanos al Rescate derribados por cazas cubanos en aguas internacionales.
La denuncia sobre explotación de cubanos fue presentada por las firmas de abogados Grossman Roth y Do Campo & Thornton en el 2006, con el apoyo del Grupo Internacional por la Responsabilidad Corporativa en Cuba y el Cuba Study Group.
El dictamen fue calificado por la defensa como un triunfo que marcará un precedente legal para frenar el tráfico de mano de obra barata a ultramar, sufrido por cientos de cubanos en calidad de empleados temporales. El calvario de Rodríguez y Alonso sirvió para un documental sobre la explotación de cubanos titulado Curazao, del cineasta cubanoamericano Agustín Blázquez.
"Este veredicto representa una victoria histórica para los obreros cubanos que son oprimidos por el régimen de la isla. Ellos quizá sean sólo tres hombres, pero su valentía está enviándole un mensaje a Cuba y a aquéllos que hacen negocios con el gobierno cubano para explotar a sus trabajadores'', indicó el comunicado.
El proceso legal fue posible debido a que el reclamo de las víctimas se hizo bajo la sombrilla del Alien Tort Act, una legislación que ampara los derechos de personas en desventaja y permite a los extranjeros establecer demandas en tribunales federales de Estados Unidos.
Curazao es una de las islas caribeñas bajo jurisdicción holandesa. Las otras islas reconocidas como parte de las Antillas Holandesas son Aruba, Bonaire y St. Maarten (mitad holandesa y mitad francesa).
jcchavez@elnuevoherald.com
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