Condenan a altos funcionarios estatales

WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

Dos altos funcionarios de operaciones comerciales del Ministerio de la Construcción (MICONS) fueron sancionados a 20 años de cárcel por actos de corrupción y transacciones ilícitas, según confirmaron desde La Habana fuentes familiarizadas con el caso.

Carlos García, director de Negocios de Comercial Guamá, y Miguel Quintana, director de la empresa importadora MATCO, ambas entidades bajo la sombrilla del MICONS, fueron sentenciados a comienzos de año por el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. El Tribunal Supremo Popular ratificó la sentencia el pasado julio.

Según fuentes consultadas por El Nuevo Herald, el caso comenzó a investigarse en el 2007 y fue conducido por el órgano de instrucción de la Seguridad del Estado en La Habana. El gobierno cubano ha mantenido estricto silencio sobre el proceso judicial y las sentencias dictadas.

Al menos dos personas relacionadas con los pormenores del proceso dijeron haber visto las conclusiones acusatorias contra García y Quintana, y aseguran que los cargos presentados incluyen soborno, malversación de recursos, robo y tráfico de influencias.

''Los tipos estaban en todo, hacían operaciones de compraventa de materiales de construcción en el exterior y se embolsaban jugosas comisiones'', manifestó una fuente bajo condición de anonimato.

Comercial Guamá es la principal firma comercializadora estatal de equipos y materiales de construcción. Comercial MATCO está dedicada a la importación y exportación de mármol y otros suministros relacionados con esta industria.

Los testimonios reunidos por El Nuevo Herald desde el pasado julio indican que ambos funcionarios se involucraron en transacciones fraudulentas relacionadas con la venta de mármol, adquisición de equipos y proyectos constructivos en el exterior.

''En esas operaciones pagaban comisiones y al parecer les fueron detectadas cuentas personales en el extranjero'', señaló un empleado del MICONS.

El testimoniante agregó a El Nuevo Herald que ''se trataba de un negocio altamente lucrativo'' y que los acusados estaban desarrollando un proyecto de edificaciones en la ciudad portuaria de Manzanillo, en el estado mexicano de Colima.

''Incluso llegaron a explorar el mercado de Estados Unidos para adquirir unas palas mecánicas a través de una empresa extranjera'', dijo la fuente.

La ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) manifestó desde La Habana que tenía ''algunos elementos'' del caso, pero señaló que ha habido un férreo control sobre la información del proceso judicial.

''Sabemos que las sentencias fueron ratificadas, pero no hemos podido confirmar siquiera las prisiones adonde han sido llevados'', dijo el activista Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión. ``Las familias han sido refractarias a ofrecer información sobre lo sucedido''.

Se considera que es el mayor caso de delitos de cuello blanco que se destapa en Cuba desde el 2003, cuando once funcionarios y empleados de la megacorporación CIMEX y del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) fueron encausados por trasiegos ilícitos y manejos fraudulentos relacionados con empresas extranjeras. Los acusados fueron sentenciados a penas entre 20 y cuatro años de prisión.

Los primeros indicios del caso de García y Quintana emergieron justamente en momentos en que el gobierno del entonces mandatario interino Raúl Castro anunció una campaña para frenar el descontrol administrativo, la corrupción, el robo y las ilegalidades laborales, en agosto del 2007.

En esa ocasión Raúl Castro emitió el decreto-ley 25/2007, que estipula severas sanciones para aquellos cuadros administrativos del Estado y el gobierno cubanos que violen las normas de disciplina laboral, desde las ausencias y llegadas tarde al trabajo hasta la apropiación indebida de bienes estatales.

A comienzos de este año, el MINCEX canceló las licencias de 14 firmas extranjeras por presuntas actividades ilícitas que vinculaban a dependencias estatales bajo el control de GAESA, el consorcio empresarial de las Fuerzas Armadas que administra el yerno de Raúl Castro, el mayor Luis Alberto Rodríguez López-Callejas.

Desde que fue oficialmente designado al frente del Consejo de Estado, el 24 de febrero, Raúl Castro ha insistido en aplicar mano dura contra la corrupción gubernamental, las deformaciones burocráticas y el despilfarro en los organismos estatales.

La Fiscalía General ha

creado un equipo anticorrupción para combatir el flagelo en las altas esferas gubernamentales y empresariales.

En un esfuerzo de centralización del comercio exterior, el Gobierno prohibió las operaciones mercantiles a 29 empresas estatales y modificó el listado de productos autorizados a importarse por los organismos competentes, según la resolución 193/2008 del pasado julio. Comercial MATCO permaneció en la lista de empresas que mantuvieron sus capacidades de importación y exportación.

Con esa medida, el gobierno de Raúl Castro dio un paso firme hacia la reinstalación del monopolio que habían perdido las empresas de comercio exterior hacia 1994, cuando se descentralizaron las gestiones de compraventa externa en favor del fabricante, con el fin de reducir costos.

El proceso contra García y Quintana estaba ya cerrado cuando surgieron las disposiciones para enfrentar la ''situación especial'' creada tras el paso devastador de los ciclones Gustav e Ike entre agosto y septiembre últimos.

De acuerdo con la Instrucción 188 del Tribunal Supremo Popular --emitida el 22 de septiembre-- en casos de personas que pretendan obtener provecho personal ilícito o incurran en robos de la propiedad estatal, los transgresores podrán ser sancionados con agravación extraordinaria de las condenas (el doble de la sanción prevista en el Código Penal vigente), y enviados a cumplir trabajo correccional en labores de fuerte impacto social como la construcción, la agricultura y los servicios comunales. La instrucción no ha sido publicada hasta el momento.

''Creo que deben sentirse dichosos [García y Quintana] de haber sido juzgados antes de que pasaran los ciclones'', expresó un abogado criminalista desde La Habana. ``Los tribunales están en un estado de máxima crispación y hay instrucciones de actuar con la máxima severidad, y eso siempre deriva en excesos e injusticias''.

En las últimas semanas también han circulado versiones extraoficiales sobre la presunta destitución del asistente personal de Fidel Castro y diputado, Carlos Valenciaga, por apropiación indebida de bienes estatales y desviación de fondos de la llamada ``Batalla de Ideas''.